De jueces y masas (2)

En una entrada anterior, “De jueces y masas” dejé constancia de que creo que siempre ha de recorrerse el camino de la legalidad y la justicia, incluso para cambiar la legalidad si ésta no responde a su finalidad de garantizar los derechos, la dignidad de las personas, y el orden social que constitucionalmente nos hemos dado. Por este solo motivo, yo al “alzamiento nacional” siempre le he llamado lo que fue: golpe de estado.

Cuando las leyes no gustan, ajo y agua, porque la ley no está para gustar. A mí no me ha gustado ninguna de las sucesivas reformas laborales de este país, a los cinco millones de parados tampoco, y ahí estamos. Las leyes están para servir a las personas y a una sociedad en la justicia; si esto no es así, entonces se cambian, deben ser cambiadas, por los mecanismos constitucionales de que nos hemos dotado, con todos los medios legales al alcance. O nos posicionamos en clave de disconformidad, mediante los mecanismos legales de que disponemos para ello: los recursos, o la objeción de conciencia, por ejemplo. O si la ley se aparta manifiestamente, en su fondo, en su etiología, del marco constitucional y deviene manifiestamente injusta, o llega a conculcar derechos fundamentales de una forma palmaria, entonces cabe la desobediencia civil en conciencia.

Lo mismo que dije entonces debo repetirlo ahora, por coherencia, en el caso del Juez Garzón. Si se ha transgredido la ley, y se ha demostrado, cúmplase la pena. Si no se ha transgredido, la vía de recurrir a otras instancias –en este caso el Tribunal Constitucional, o instancias jurisdiccionales internacionales- está expedita. La verdad, aunque tarde, siempre llega a salir a la luz, aunque la prensa cada vez es menos partera de la verdad.

Fuera de eso, todo lo demás son opiniones más o menos respetables, que pueden ser compartidas o no, y criticadas o no. Ni más ni menos.

Yo no acato la sentencia porque no tengo por qué acatarla: no soy parte en el proceso. No la acato salvo que usemos el término en la tercera o cuarta acepción del Diccionario de la RAE (22ª edición), que eso lo hice ayer. Han de acatarla las partes. Lo demás, son soflamas y discursos para la galería. Por eso cuando escucho a tanto político decir si acatan o no la sentencia, los veo hablando de lo que ni pueden hacer ni dejar de hacer. Porque, además, ¿Qué pasa? ¿Que si la acato no debo recurrirla? ¿Que si la recurro no la estoy acatando?

Me podrá gustar o no, estaré de acuerdo con sus argumentos jurídicos o no, podré coincidir con el relato fáctico o no, pero eso no es más que un ejercicio de recuperación y afinamiento de mis conocimientos jurídicos, que no pasa de ser un proceso mental que ejercita mis neuronas.

Pero al margen de los hechos tozudos, las leyes positivas, y las opiniones personales, no hay duda de que se está generando una sensación. Y las sensaciones son importantes, ha de atenderse a ellas como avisos de niebla en alta mar. Ignorarlas puede suponer un desacierto ingenuo (quiero pensar que ingenuo y no interesado), por el que haya de pagarse un precio excesivo en el futuro.

Y hay una sensación, desde hace mucho tiempo, de que la Justicia en este país no funciona; de que recae inexcusablemente – lex, sed dura lex- sobre los pobres (obviamente no lo digo por Garzón) y se evaden de ella los poderosos; de que hay culpables sueltos sin castigo; de que hay determinados comportamientos que devienen impunes, de que la politización ha podido con la justicia… De que conseguir justicia no depende de los jueces sino del justiciable y sus ardides.

Y esa sensación cada vez más extendida sí requiere dedicar un esfuerzo serio y apartidista, en pro de un afinamiento del sistema penal, penitenciario y judicial que cada vez se percibe como más urgente. Hemos de volver ética la política, pero urge hacer ética –en su ser y su apariencia- la justicia.

Un sistema legal que aún no ha procesado a ningún responsable del sistema financiero por su directa responsabilidad en las crisis, y que dedica esfuerzos a desahuciar a los pobres de sus casas; un sistema que permite la inejecución de sentencias firmes, la prescripción de los delitos…; un sistema que mantiene sin hacer real el indulto acordado hace meses para Montes Neira; un sistema que… propicia el enriquecimiento injusto, el robo público de lo público, la apropiación indebida de lo común… Un sistema que depende del color del juez que te toque para entrar o salir,…

Un sistema así se pudre. Y lo podrido llega un momento que empieza a oler.