Contra la inmunidad del poder

Hace unos días la noticia de la muerte del profesor García de Enterría, nos llegaba a través de la prensa. No me dio clase ni le conocí personalmente, pero su Curso de Derecho Administrativo (conjuntamente escrito con el profesor Tomás Ramón Fernández) era el libro de texto obligado en la Facultad de Derecho, en la asignatura correspondiente, como el Curso de Derecho Mercantil, de Joaquín Garrigues, lo era en la suya. Textos clásicos, perfectamente escritos, pero sobre todo, textos que aunaban el conocimiento académico y jurídico con la coherencia vital en la que debían sustentarse. Con esos textos no solo aprendías derecho, también aprendías a escribir, aprendías lengua española, y aprendías que hay un sustrato inalterable de justicia en toda relación jurídica que debe ser protegido por el mismo derecho.

Hoy, el diario “EL PAÍS” publica el obituario de García de Enterría que escribe su ex alumno Martín Pallín, y dice algo que me parece urgente recuperar, porque una generación (o dos) de políticos se están encargando de que lo olvidemos: “el derecho sirve para luchar contra las inmunidades del poder”. El derecho debería ser “instrumento de control y de concordia”; “freno a los abusos del poder”. Y todo lo que no sea esto, lo aleja de ese ser derecho que debería, y nos arroja en manos de las veleidades políticas.

La Administración Pública, que sirve a los intereses generales, y no al gobierno de turno, de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, según consagra el artículo 103 de la Constitución Española, debería enmarcar esas reflexiones de Martín Pallín, y releer el primer tomo del García de Enterría, cuando florecen estos políticos que hacen escala en la Administración Pública, convencidos de que es un instrumento al servicio de sus políticas, sin más límite que sus propias decisiones.

No debería haber desajustes entre el Gobierno y la Administración Pública, pues si esta sirve a los intereses generales, y la política es el arte de servir al bien común, ambos deberían recorrer la misma senda de servicio a la ciudadanía y a los derechos de las personas, para construir una sociedad civil al servicio de la persona. Lo lamentable es que permaneciendo la Administración donde debe estar, los Gobiernos no lo hagan, olvidando los límites a los que deben someter el ejercicio del poder que se les confía.