Manifiesto de 300 católicos sevillanos

El domingo 30 de diciembre de 2007 tuvo lugar en Madrid, en la Plaza de Colón, una gran manifestación promovida por la Diócesis de Madrid con el objetivo de defender la familia cristiana de los supuestos ataques del laicismo vigente.A nuestro juicio, este acontecimiento tiene que ser analizado desde diversas perspectivas.De las palabras de los Cardenales asistentes –Rouco, García Gasco y Cañizares– se deduce que, más que un acto de carácter religioso, se trató de una reivindicación ideológico-política del modelo socio-cultural de familia que ellos consideran “familia cristiana”.

Ante esto, nosotros consideramos lo siguiente:

1. Nuestra Constitución garantiza a todos los ciudadanos, grupos, partidos, religiones, etc… el derecho a la libertad de expresión. Por tanto, desde el reconocimiento de ese derecho, no hay nada que objetar a los manifestantes.

2. No estamos de acuerdo con el contenido reivindicado ni con el tono en que se reivindicó. Ni los Obispos ni nadie puede erigirse en intérprete único de un pretendido “modelo de familia cristiana” que, aparte de su carácter conservador a ultranza, tratan de imponer tanto a los cristianos como incluso a los no cristianos con el viejo argumento de la Ley natural. Para los cristianos, familia “cristiana” será aquella en la que se vivan las actitudes y los valores cristianos sea cual sea el modelo socio-cultural que esa familia adopte entre los muchos que han existido a lo largo de la historia y que existen en nuestro momento actual. Se exceden los Obispos en su función magisterial si pretenden imponer a todos los cristianos un único modelo “cristiano” de familia, que ellos llaman “familia tradicional”. Y se exceden mucho más si esa pretensión la trasladan, en nombre de su presunta capacidad exclusiva de interpretación de la “ley natural”, a todos los ciudadanos sean creyentes o no.

3. Dado el carácter políticamente agresivo de la reivindicación, con acusaciones muy graves contra los que piensan y actúan de otra manera, pensamos que los convocantes han dado un salto cualitativo en su relación con la sociedad y con los poderes públicos. Con la sociedad, porque esta merece que se respete su pluralismo ideológico y político en los límites establecidos por la Constitución de 1978. Con los poderes públicos, porque estos son emanación de esa sociedad democrática, cuya norma fundamental establece serios controles a cualquier expresión de poder de los órganos correspondientes. Se puede estar de acuerdo o se puede discrepar, pero desde el respeto y no desde la amenaza, la descalificación y la desconsideración.

Los firmantes de esta carta pública somos plenamente católicos en la comunión de nuestra fe cristiana, tal como ha sido transmitida por la mejor tradición de la Iglesia. Por ello no podemos aceptar y denunciamos las extralimitaciones de personas e instituciones eclesiásticas que han sobrepasado con creces los límites de su función ministerial en un intento más o menos consciente de aniquilar la libertad de conciencia tan valorada y respetada por esa misma tradición.